EL PSOE PRESENTA UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI A LES CORTS PER A QUÈ ES REDACTE UN NOU PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE VINARÒS

Povet.com, 05/09/2007

El conflicte del gas, a Vinaròs, no ha fet oblidar un altre problema que té la ciutat, la remodelació del port, que no està sent ben vista per amplis sectors de la població. El PSPV-PSOE ha presentat una proposició no de llei a les Corts Valencianes, exiguint al Conseller que es redacte un nou projecte, consensuat amb el sector pesquer. El secretari comarcal d´aquesta formació, Adolf Sanmartín, assegura que prefereixen que es retarden les obres a què s´inicien d´esquenes a la gent de la mar.

El Partit Socialista, a través del Diputat Autonòmic i secretari comarcal, Adolf Sanmartín, i el portaveu adjunt del Grup Parlamentari, Joaquim Puig, ha presentat una proposició no de llei a les Corts Valencianes, a través de la qual, s´insta al Conseller d´Infraestructures a què tinga en compte l´opinió del sector de la mar per a la futura remodelació del port de Vinaròs.

Per a Sanmartín, l´administració del Partit Popular no pot imposar un arranjament al port, d´esquenes a la gent que treballa i viu de la mar, per això demana que es "torne a redactar un nou projecte constructiu de la nova zona pesquera i industrial del port de Vinaròs, que atenga les legítimes reivindicacions dutes a terme, tant per l´Ajuntament de Vinaròs, com per part dels organisme, empreses, entitats i veïns afectats. Volem que s´inicie una via de diàleg i participació activa amb la Direcció General de Transports, Ports i Costes de l´esmentada Conselleria i que el grau de compliment de la present resolució, done compte davant les Corts en el termini màxim de 6 mesos".

I és que, segons el Diputat Socialista és obvi que l´execució dels treballs adjudicats suposaria, entre d´altres aspectes regressius, reduir significativament l´actual bocana del port, al temps que es crearia una dàrsena pesquera insuficient i amb problemes de maniobrabilitat per als vaixells. A més, la zona industrial es configura, segons Sanmartín, "a mitges", depenent dels reompliments que puguen fer en un futur les empreses privades.

Si la proposició tira endavant l´inici de les obres del port, podria quedar en l´aire. Així, el Diputat Socialista assegura que açò no es pot convertir "en una excusa" per no escoltar a la ciutania, ja que es preferible esperar a tindre un port, que no convenç a ningú. A més, Sanmartín afegeix que: "modificar un projecte, sobre un altre ja existent, és molt menys costós que fer un projecte de cap de nou".

Des del Partit Socialista consideren que el PP està perdent una oportunitat històrica si no escolta al sector pesquer local, ja que el port de Vinaròs va camí de convertir-se, segons Sanmartín en un port merament turístic.

EL DEPÓSITO DE GAS

El Ministerio de Industria ha incluido el proyecto de almacenamiento submarino de gas en un antiguo yacimiento petrolífero situado a 21 kilómetros mar adentro frente a las costas de Vinaròs, dentro del documento de revisión de la Planificación de las Redes de Transporte de Gas 2006-2011, documento en el que se proyectan las infraestructuras energéticas hasta el año 2011, que prevé la ejecución de un ramal de conexión con el gasoducto Tivissa-Paterna, que abastece a la provincia.

Desde el PSPV-PSOE local queremos dejar claro de una vez por todas que no apoyaremos ningún proyecto para nuestra ciudad, que por sus características, por su ubicación, o por la magnitud de sus riesgos medioambientales o de cualquier otra índole, pueda perjudicar la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes, queremos seguir disfrutando de unas características de vida saludables, aunque nunca nos opondremos al progreso y nunca renunciaremos a la instalación de nuevas industrias en nuestro municipio que contribuyan y que aporten la creación de puestos de trabajo estables y de calidad para nuestros jóvenes que tan necesitados están de ellos.

Si bien entendemos que este proyecto por sus características y magnitud rebasan el poder de decisión de nuestro Ayuntamiento, no obstante, en tiempo y forma ya se han iniciado todas y cuantas gestiones que están al alcance del equipo de gobierno, informando desfavorablemente de la compatibilidad urbanística de las parcelas donde la empresa ESCAL UGS S.L. pretende ubicar la planta terrestre.

Este proyecto declarado de interés estratégico Nacional por el Partido Popular en el año 1996 y clasificado como proyecto “clase A” o lo que es igual proyecto de gran urgencia exigimos que sea reconsiderado en todo o al menos en lo que afecta a la ubicación de la planta regasificadora situada a 2.3 kilómetros del mar, junto al río Sènia y a 1.5 kilómetros de la vecina localidad de Alcanar. Pensamos que será bueno que se realice una revisión general del proyecto y que se tomen las decisiones pertinentes consensuadas con los municipios afectados para la posible reubicación de la planta.

No obstante la resolución del proyecto está en manos de la Generalitat Valenciana, ya que esta es la que tiene la competencia de emitir el informe de declaración del impacto medio ambiental favorable o desfavorable, en el caso de este ser favorable se pasaría al siguiente paso, la declaración integral integrada, ambas con el correspondiente tiempo oficial de exposición pública en donde todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de cursar las alegaciones que estimemos oportunas o convenientes.

En el caso de ser favorables ambos informes por la Generalitat Valenciana quedaría un último paso, que este ya corresponde al Gobierno Central, sería el Consejo de Ministros el que apruebe o desestime la idoneidad del proyecto.

UNA LEGISLATURA BIEN APROVECHADA

España tiene hoy una realidad mucho más rica y próspera que en 2004. No hay más echar un vistazo a lo realizado en lo que llevamos de legislatura, para constatar que la realidad es incontestable desde cualquier punto de vista. En lo económico, España crece hoy al 4% del PIB, la mayor tasa de crecimiento desde 2004. Nunca habíamos conseguido, a la vez, crecer de forma tan sostenida, crear empleo a tal velocidad (20.000.000 empleados ya), y sanear las cuentas públicas con una deuda de menos del 40% del PIB. A ello se debe sumar los 45.000 millones del fondo de garantía a la Segundad Social.
Como resultado de la reforma laboral que suscribieron el Gobierno y los agentes sociales, se han logrado crear casi 2.200.000 contratos indefinidos, la mitad de ellos con jóvenes menores de 30 años, este tipo de contratos crecen además a un ritmo anual del 40%, casi todo el empleo nuevo que se crea es fijo, y a la vez, se está cambiando empleo temporal por el empleo estable.
Pero si en lo económico este Gobierno ha supuesto una verdadera revolución, en lo social, con toda probabilidad, estamos ante el Gobierno que más ha hecho por los derechos y el bienestar de los ciudadanos en toda la historia de la democracia. Se comenta por si sólo el elenco de leyes aprobadas y medidas adoptadas estos años que afectan sustancialmente a la vida de los ciudadanos: se ha aumentado de manera sustancial las dotaciones presupuestarias destinadas a becas, pensiones (entre un 13 y un 25%). Se han aprobado leyes que suponen una autentica revolución en el estado del Bienestar, como la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad.
Recientemente fue aprobada por el congreso la Ley de Dependencia; una de las principales apuestas del Gobierno Zapatero en esta legislatura. Un nuevo derecho que abre el horizonte para casi 1.200.000 personas. Se trata de la primera vez que un Gobierno afronta la atención pública a las personas dependientes. Una vez más, un Gobierno socialista pone en marcha un nuevo pilar del estado del Bienestar, tras la educación básica, obligatoria y gratuita (1985); el Sistema Nacional de Salud (1986) y las pensiones universales (1990). A partir de este 2007, las personas que lo soliciten serán evaluadas para determinar su grado y nivel de dependencia, así como las prestaciones a las que tienen derecho. La Ley creará el Sistema de autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, además de las prestaciones económicas priorizará, entre otros, los servicios de ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales y ayudas a las familias cuidadoras. Con la Ley, los beneficiarios podrán percibir una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado, en el caso de no existir la oferta pública que requiera. El beneficiario podrá optar a ser atendido en su entorno familiar, y su cuidador, que deberá estar dado de alta den la Seguridad Social, recibirá una compensación económica por ello. La otra gran ley social de esta legislatura ha sido la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Una Ley pionera en el mundo, que propicia la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos. Plantea medidas y recursos para terminar con la discriminación en el empleo, para democratizar el espacio privado con medidas de conciliación, y aborda los cambios para la participación política y la reforma electoral. Con ella se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares. En el terreno laboral, esta Ley incluye planes de igualdad en la negociación colectiva, y la representación equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales, en las administraciones públicas, y en los consejos de administración de las grandes empresas. Una Ley que el Partido Popular ahora, con nocturnidad y premeditación, ha recurrido al Tribunal Constitucional. El Partido Popular es consciente del enorme apoyo que ha tenido la Ley de igualdad, saben que recurriría es una medida impopular y ha demostrado su cinismo al presentar este recurso una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas. Por eso el Partido Popular ha pretendido ocultar a la opinión pública que consideren ilegal la presencia de mujeres en las instituciones públicas.
Y como no hay dos sin tres, el ejecutivo ha sacado adelante esta legislatura, otra Ley que venia siendo reclamada desde hace años por más de 3'5 millones de trabajadores; el Estatuto del Trabajador Autónomo. Una Ley que incluye reivindicaciones históricas de este colectivo, entre otras, el accidente "in itinere" que es el que se produce al ir o volver del lugar de la actividad, el derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar, y abre la opción a regular un sistema especifico de protección por cese de actividad. Otra novedad es que se avanza en el derecho a percibir el pago único de prestación por desempleo para el inicio de actividades por cuenta propia.